Las grandes constructoras Españolas operan como una organización mafiosa

Seis empresas constructoras, dirigidas por Dragados, han operado como un cartel mafioso durante 25 años amañando los concursos públicos mediante pactos entre ellos. Estas empresas han sido multadas pero la cantidad de la multa es ridicula comparado con los beneficios anuales que han conseguido.

La multa es extremadamente baja pero una vez recurrida puede acabar con que Hacienda prohíba que estas seis constructoras realizen obra pública durante muchos años. Depende de los contenciosos administrativos presentados y dependerá de la Junta Consultiva de Contratación del Estado que depende de hacienda.

Fuente. El Salto Diario. Artículo del 7 de Julio del 2022.

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La libre competencia en miles de licitaciones de grandes infraestructuras en España no ha sido ni libre ni competente. Las seis principales constructoras españolas han funcionado como un cártel —un oligopolio encubierto— durante 25 años. Esto es lo que se desprende de la contundente nota de prensa emitida hoy por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la cual ha multado con 203,6 millones a las seis empresas por alterar el proceso competitivo en licitaciones públicas de construcción de infraestructuras desde 1992 hasta 2017.

Las siete empresas, autodenominadas el G7, se reunía semanalmente desde 1992 y disolvieron el grupo en 2017, por miedo a represalias legales por la ilegalidad que estaban cometiendo.

 Las empresas sancionadas son Acciona, Dragados, FCC-Fomento, Ferrovial, Obrascón Huarte Lain  y Sacyr. Contra la resolución cabe recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional; las seis empresas han anunciado que recurrirán. 

¿CÓMO LO HACÍAN AL PRINCIPIO?

Desde 1992, el G7 se reunía semanalmente para analizar las licitaciones de obra pública anunciadas en las diferentes plataformas de contratación del Estado. Las empresas decidían entonces los concursos en los que iban a compartir, entre todas o entre algunas, una parte o la totalidad de los trabajos técnicos necesarios para presentarse a una licitación —toda la parte técnica previa a una construcción de gran envergadura que implica un estudio detalle, geotecnia, topografía, seguridad y salud, impacto ambiental, etc.—. Dichos trabajos los encargaban a empresas externas y los pagaban entre todas —un informe de estas características no baja de los 100.000 euros, algunos superan los 600.000—. Luego, personalizaban el trabajo incluyendo su logo. Poco a poco fueron “evolucionando y complejizando sus normas de funcionamiento”, indica la CNMC. 

Si los ciudadanos Argentinos se caracterizan por pensar que su país es uno de los más corruptos del mundo y que no hay nada que hacer con la corrupción en su país que los Españoles empiecen a pensar que la España de Barcenas y los 60 millones de dinero negro escondidos o los sobornos de Fomento al partido popular con sus donaciones en negro no dejan suficientemente claro que la financiación de los grandes partidos es corrupción y que el Tribunal de Cuentas es un ente totalmente corrupto.

Si a esto añadimos que la derecha Catalana convirtió Cataluña en toda una red de cobro de comisiones ilegales del 3 % durante el boom de la construcción que duró una decada, vemos que todo el sistema está corrupto. Y si no lea el artículo de El Salto Diario que ponemos aquí para conservar la fuente por si el Salto Diario desaparece como periódico.

A esto habría que añadir que jueces y fiscales y las redes de tráfico de influencias en las que están los abogados han tapado por orden de los partidos bipartidistas y de estas grandes constructoras promotoras la corrupción urbanística que no ha sido ni investigada ni juzgada.