La policía patriótica fascista corrupta del PP intento acabar con los diputados de Unidas Podemos. Verdes Equo y Podemos fundamentalmente.

 

Documentos obtenidos por la Audiencia Nacional muestran cómo la denominada policía patriótica del PP dirigió un espionaje masivo contra los miembros de esta formación política

La Policía Nacional llevó a cabo al menos 6.903 búsquedas sobre los diputados de Podemos en las bases de datos del Ministerio de Interior entre 2015 y 2016, según la documentación enviada por el cuerpo a la Audiencia Nacional, que investiga este rastreo masivo policial al partido. Los archivos, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, revelan algunos detalles de cómo se produjo el espionaje por parte de la denominada policía patriótica contra los miembros de la formación, entonces liderada por Pablo Iglesias, en el marco de una presunta operación de guerra sucia por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy contra sus adversarios políticos.

ESPIONAJE SISTEMÁTICO A LOS DIPUTADOS DE PODEMOS

En enero de 2016, el número dos de Interior, Francisco Martínez, había solicitado al comisario jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo, Enrique García Castaño, buscar datos que dañaran la reputación de los políticos recién elegidos de Podemos en los comicios de diciembre de 2015. Así se deduce de los mensajes de WhatsApp intercambiados entre el político y el mando policial que fueron extraídos del teléfono móvil requisado a Martínez durante la investigación del caso Kitchen, el supuesto espionaje policial ilegal al extesorero del PP Luis Bárcenas. “Mirar los 69, se saca, pero hay que mirar uno a uno y, claro, deja rastro”, advertía entonces García Castaño. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz abrió una investigación judicial este febrero a raíz de una querella presentada por Podemos donde denunciaba haber sido víctima de las maniobras de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior en época del Gobierno de Mariano Rajoy.

La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional ha remitido ahora al juez el informe sobre el uso de bases de datos policiales en 2015 y 2016 para investigar distintos aspectos de la vida de los 69 parlamentarios de Podemos. En los datos enviados se observa una lista de tablas de Excel que pertenecen a la búsqueda de 55 diputados de este partido. Algunos eran líderes conocidos entonces de la formación, además de Iglesias, Íñigo Errejón, Irene Montero o Pablo Bustinduy y otros que no tenían todavía tanto peso, como Yolanda Díaz o Ione Belarra. La información proporcionada se ciñe solo a los años 2015 y 2016, pues son las fechas solicitadas por el juez, de manera que no hay datos sobre si se continuó la investigación a los diputados meses después.

El Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional había solicitado un informe de las solicitudes de acceso por funcionarios policiales a las bases de datos de la Policía Nacional, con la identificación de cada agente, la fecha, la persona a la que iba dirigida la búsqueda, el motivo y datos concretos que solicitaba y obtuviera de los diputados. Sin embargo, los ficheros enviados por la Policía no aclaran algunos de los puntos claves.

Los datos aportados por la Policía señalan que las búsquedas las realizaron 2.726 usuarios, pero no explican si un usuario equivale a un agente o que un policía pueda acceder con varios usuarios distintos. De ser así, la cifra de implicados sería excesiva y poco real, ya que equivaldría al 3,66% de la plantilla de la Policía Nacional. Las bases de datos más recurrentes son Sidenpol (sobre denuncias), Argos (sobre detenciones, antecedentes o titulares de números de teléfono) y Objetos (sobre vehículos, placas de matrículas o bienes pertenecientes a personas). No cualquier agente puede consultar estas bases de datos; en los ficheros más sensibles se exige introducir el carné profesional con chip identificativo y una contraseña. Y todas las búsquedas quedan registradas.

Los rastreos por esos más de 2.700 usuarios son muy diversos y no siguen un mismo patrón. Mientras que algunos solo realizan una única búsqueda, otros llegaron a hacer una veintena a diferentes diputados y en varias fechas. Normalmente, coincide el usuario con una misma localización, aunque no siempre con la misma IP (dispositivo conectado a internet).

INVESTIGACIÓN Y REPERCUSIONES JUDICIALES

Otro dato descontextualizado es el que aparece en la columna “Plantilla” (en las tablas de Excel), en la que se cita 993 localizaciones de diferentes centros policiales, desde pequeñas oficinas de recepción de denuncias hasta comisarías provinciales. Estas ubicaciones, que la policía no matiza si son desde las que se realizaron las búsquedas, están repartidas por toda la geografía española. Por ejemplo, en el caso de Pablo Iglesias aparecen 23 diferentes, entre las que se encuentran la comisaría provincial de Alicante, la Brigada de información de Barcelona o la comisaría general de la policía judicial.

Pese al requerimiento de la justicia, la policía no ha aportado la información extraída de las búsquedas. En las tablas de Excel aportadas aparece una columna con la palabra “Operación”, en la que se puede deducir el objetivo de cada rastreo. En más de la mitad (3.966) se contabiliza como “denunciantes por apellidos”, le sigue “consulta por nombre y apellidos” (2.135) y en tercer lugar, muy de lejos, “detenidos por apellidos” (335). El resto hacen referencia a “hospederías”, “vuelos”, “joyas”, entre otras.

El diputado que con más registros es el entonces responsable de Finanzas y Transparencia de Podemos, Segundo González García. Fue rastreado más de 900 veces entre el 2 de enero de 2015 y el 30 de diciembre de 2016. Mucho más buscado que el propio líder de la formación de esos años, Pablo Iglesias, que registra 121 búsquedas. La segunda diputada más buscada esos años fue Lucía Martín, con 800 búsquedas. La diputada fue una de impulsoras de la plataforma Afectados por la Hipoteca y en 2015 fue elegida por Barcelona. Otros de los que más búsquedas tienen es el exdirector de Greenpeace España, Juan Antonio López Uralde (693 veces) y la actual secretaria de Estado de Derechos Sociales, María Rosa Martínez Rodríguez, más de 700.

Tras conocerse la noticia, Iglesias ha pedido que “los mandos policiales” de la operación rindan cuentas ante la justicia. “Lo que reforzaría nuestra democracia es que esos policías acabaran en prisión, creo que eso es muy difícil que ocurra con una derecha judicial tan legitimada después del acuerdo del PSOE con el PP de repartirse el Consejo General del Poder Judicial, temo que esto va a quedar en la impunidad y que se va a seguir normalizando que en este país hay poderes impunes, poderes ajenos al derecho, que son los que realmente mandan más allá de lo que decidan las y los ciudadanos”, ha agregado.

La recopilación y el uso de datos personales con fines policiales vulnera el derecho a la vida privada y familiar de una persona, así como de su domicilio y correspondencia, según el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que especifica que “no podrá haber injerencia de la autoridad pública” a menos que esta sea “necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención de las infracciones penales”. El análisis de estas búsquedas refleja una desproporcionalidad, tanto por el tiempo en el que se ejecutó este presunto espionaje como por la cantidad de búsquedas realizadas en diferentes bases de datos.

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